Valuación de Aerolíneas Argentinas S. A. y Austral Líneas Aéreas - Cielos del Sur S. A.


 
La síntesis será remitida para su publicación en las siguientes revistas especializadas:

lNG REVISTA DE LA INGENIERÍA del Centro Argentino de Ingenieros.
INGENIEROS EN ACCIÓN, del Colegio de Ingenieros de la Provincia de Buenos Aires.
COPIME LA REVISTA, del Consejo Profesional de Ingeniería Mecánica y Electricista.


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EXPROPIACION DE AEROLÍNEAS ARGENTINAS S.A. y AUSTRAL LÍNEAS AÉREAS-CIELOS DEL SUR S.A.

EL VALOR NEGATIVO DICTAMINADO POR EL TRIBUNAL DE TASACIONES DE LA NACIÓN FUE CONFIRMADO POR EL FALLO DE LA SALA V DE LA CÁMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL

            El 7 de abril de 2015, la Sala V de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, confirmó el fallo de primera instancia, mediante el cual fue admitida la acción de expropiación directa promovida por el ESTADO NACIONAL en los términos de las leyes 21.499 y 26.466, contra la firma INTERINVEST S.A., titular de las acciones de las empresas AEROLÍNEAS ARGENTINAS S.A.; AUSTRAL LÍNEAS AÉREAS-CIELOS DEL SUR S.A., y de sus controladas OPTAR S.A.; JET PAQ S.A.; y AEROHANDLING S.A., y declaró que las acciones objeto del juicio expropiatorio, tienen un valor negativo equivalente a -3.275.434.813 PESOS, o -949.450.420 DÓLARES ESTADOUNIDENSES, al tipo de cambio vigente al 24 de diciembre de 2008  - fecha de la desposesión -  tal como lo habían sostenido el TRIBUNAL DE TASACIONES DE LA NACIÓN en el dictamen agregado a fs. 2072/2133, y el perito contador designado de oficio en la causa.
            Por su parte, y tal como lo establecía la sentencia de grado, “el objeto del pleito quedaba circunscripto a determinar la cuantía de la indemnización respectiva. A tal efecto, afirmó que correspondía asignar relevancia decisiva a las conclusiones contenidas en el dictamen del Tribunal de Tasaciones de la Nación agregado a fs. 2072 y ss. , que había intervenido como organismo evaluador y oficina técnica competente, en los términos previstos en el artículo 1º, tercer párrafo, de la ley 26.466; y en el artículo 15 de la ley 21.499; pues según lo resuelto en Fallos 265:208; 274:418; 301:384; y 306:2081, las conclusiones de ese organismo deben ser aceptadas en razón de la competencia técnica que le asigna la ley, salvo que concurrieran circunstancias que concretamente revelasen errores u omisiones manifiestas. Destacó que las conclusiones contenidas en ese dictamen habían sido unánimes, sin perjuicio de la falta de presentación del perito de parte, y resultaban coincidentes con las conclusiones a las que llegó el perito contador designado de oficio a fs. 2225/2228; en otras palabras, se informó que a la fecha de desposesión, las deudas, es decir, los pasivos de las empresas en cuestión superaban en varias veces al valor de la totalidad de sus activos; por ello, resultaba manifiesto que el patrimonio neto de ellas era negativo”.
            Asimismo, el fallo recurrido afirmaba que para valuar las acciones sujetas a expropiación, el dictamen del TRIBUNAL DE TASACIONES DE LA NACIÓN, había seguido el criterio del valor sustantivo o patrimonial -  que consiste en el valor que se podría obtener en el caso de que se realizaran o vendieran la totalidad de los activos, y de que se cancelaran la totalidad de las deudas - ; mientras que la firma INTERINVEST S.A. había solicitado la aplicación del método de flujo de fondos descontado, es decir, la estimación de los ingresos derivados de la actividad propia de cada una de las empresas durante un determinado período de tiempo, menos el importe de las deudas contraídas para financiar el capital, la operación y el plan de negocios de las empresas, traído a valor presente.
            En efecto, se destacó que este Organismo, al valuar las empresas y sus acciones, había sostenido que el método de flujo de fondos descontado, no podía ser aplicado en virtud de lo establecido en el artículo 10 de la ley 21.499, con respecto a que la indemnización sólo puede comprender el valor objetivo del bien pero no las ganancias hipotéticas ni el lucro cesante; y sostuvo que este último método, por definición, significaba considerar los ingresos futuros, puesto que se fundaba en un cálculo de probabilidad de las ganancias futuras contra los costos futuros y que no correspondía evaluarlas como “empresas en marcha”, porque se hallaban incursas en la causal prevista en el artículo 94 de la ley 19.550, es decir, en el supuesto de disolución por pérdida de capital (cfr. fs. 2079/2080).
            Finalmente, el magistrado también señaló que el informe sobre la tasación de las empresas sobre la base de cálculo del método de flujo de fondos descontado, elaborado por Credit Suisse Securities LLC, cuya copia luce agregada a fs. 260/296, del que surgen valores positivos, resultaba insuficiente para desvirtuar las conclusiones contenidas en el dictamen del TRIBUNAL DE TASACIONES DE LA NACIÓN, en la resolución 181/08 de la AUDITORÍA GENERAL DE LA NACIÓN, y en el informe del perito contador designado de oficio.
            Por su parte, los agravios de la apelante consistieron en argumentos sobre criterios y valores erróneos del dictamen emitido por el TRIBUNAL DE TASACIONES DE LA NACIÓN, en tanto sostienen que omitió considerar el valor de los bienes “intangibles” tales como la marca de la empresa, la flota de aeronaves explotada en “leasing”, o el valor de las rutas aero-comerciales. Además el apelante señaló que en ese dictamen tampoco se había valorado separadamente el patrimonio de cada una de las empresas cuyas acciones constituyen el objeto de la expropiación; concluyendo que el método del flujo refleja el valor de la “empresa en marcha”, es decir, el valor que de un modo actual, no futuro ni hipotético, y por ello, forma parte de la propiedad del expropiado y debe serle resarcido. Además, reitera que ha presentado un reclamo ante el CENTRO INTERNACIONAL DE ARREGLO DE DIFERENCIAS RELATIVAS A INVERSIONES (CIADI), por considerar que ha existido una violación de los estandares de tratamiento igualitario de las inversiones realizadas en el país por capitales privados españoles.
            Ante tales planteos, la Cámara fue contudente en tanto aclaró que “lo establecido en el artículo 10 de la ley 21.499 en el sentido de que la indemnización expropiatoria sólo comprenderá el valor objetivo del bien y no se tomarán en cuenta ganancias hipotéticas ni se pagará lucro cesante, tiene por finalidad evitar que la expropiación se constituya en una fuente de beneficios indebidos... En tal sentido cabe considerar, a título de ejemplo, que si al valor de mercado de un determinado bien inmueble sujeto a expropiación se le añadieran las rentas o frutos civiles o naturales que puede producir en determinado período futuro, se estaría indemnizando doblemente al expropiado... En el presente caso, el Tribunal de Tasaciones de la Nación optó por valuar la totalidad de los activos, y de los pasivos, corrientes y no corrientes, porque de los estados contables disponibles y de la restante documentación examinada, surgía que las empresas (explotadas como un conjunto porque tienen por actividad la aeronavegación comercial, internacional y de cabotaje, el transporte de pasajeros, y de carga, la prestación de los servicios de rampa, y los servicios turísticos) presentaban una situación económica y finanaciera claramente deficitaria, es decir, no se hallaban en condiciones de seguir operando en el futuro inmediato”.
            El fallo resalta que las conclusiones sobre la valuación de las empresas por el método sustantivo o patrimonial, contenidas en el Informe del TRIBUNAL DE TASACIONES DE LA NACIÓN, no constituye información suministrada por un tercero, sino que dicha información fue brindada por los propios directivos de INTERINVEST S.A./MARSANS que gerenciaban las empresas; y que el mecionado Informe no contiene más que las conclusiones numéricas resultante de la información suministrada a los evaluadores por los directivos de las empresas, y que ésta era incompleta.
            Asimismo hace notar la colaboración requerida por el TRIBUNAL DE TASACIONES DE LA NACIÓN  a la FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES, a cuyo equipo de trabajo se incorporó un profesional especializado en servicios de aeronavegación; y que “la parte apelante no indica siquiera un dato concreto que permita sustentar, inclusive, de manera hipotética, la tesis de que la aplicación del método de flujo de fondos descontados hubiera dado o daría como resultado una valuación de signo positivo”.
            Por ello, los jueces de Cámara Jorge F. ALEMANY, Guillermo F. TREACY y Pablo GALLEGOS FEDRIANI, resolvieron desestimar el recurso de apelación interpuesto por la demandada y confirmar la sentencia apelada.